El Ayuntamiento de Málaga será a partir de ahora algo más flexible con aquellas personas que hereden una vivienda de un familiar directo (padres, cónyuges o hijos), a los que se les exige acreditar la convivencia previa con el fallecido para poder acceder a las bonificaciones de hasta el 95% en el pago del impuesto de la plusvalía. Haber compartido techo durante los dos últimos años seguirá siendo obligatorio, una exigencia que únicamente se cumple en una de cada diez liquidaciones que se presentan en la capital puesto que a costa de garantizar el derecho a la vivienda de quien enviuda penaliza de forma más que considerable a los hijos ya emancipados. Pero sí que se van a corregir una serie de situaciones concretas que se dan ahora, como que un hijo que se lleva a sus padres a casa para cuidar de ellos no pueda beneficiarse de esta ayuda porque no estaba empadronado en el domicilio familiar. O que tampoco pueda hacerlo porque su progenitor estuviera internado en una residencia de mayores o un centro psiquiátrico.

La diferencia a partir de ahora es que el padrón municipal dejará de ser el único medio para acreditar la convivencia. Este cambio de interpretación de la norma, que se produce a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que anula este sistema de comprobación, fue trasladado la semana pasada a toda la plantilla del órgano de gestión tributaria del Ayuntamiento (Gestrisam) a través de una circular interna y será de aplicación tanto en las nuevas liquidaciones que se registren como en las solicitudes de rectificación que presenten quienes abonaron este impuesto en los últimos cuatro años, que son los que no estarían prescritos. Según este documento, los informes médicos o de asistencia social también servirán para demostrar la convivencia. Del mismo modo, también se cumplirá este condicionante cuando los familiares residan en el mismo edificio o en fincas colindantes.

Lo que no se contempla en el Área de Economía es tocar la ordenanza municipal para suprimir el requisito de la convivencia, toda vez que las plusvalías por herencia le reportan 19 millones de euros anuales. De momento, el argumento para no mover ficha es esperar hasta ver cómo afectará a la recaudación la modificación del impuesto en la que están trabajando el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para cumplir el mandato del Tribunal Constitucional, que en mayo anuló el pago de este tributo cuando el inmueble se venda por menos de lo que se adquirió. En el caso de la capital, se estima que e limpacto de suprimir las plusvalías en ventas sin beneficio puede rondar los 15 millones de euros.

Fuente: www.diariosur.es